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Obra pública:

Entre la austeridad nacional y las urgencias locales



24 de junio de 2025

Autor | N de la R




Mientras el Gobierno nacional sostiene el ajuste como dogma, en los municipios se acumulan obras inconclusas, vecinos esperando servicios básicos y debates cada vez más cargados de tensión política.
Desde diciembre de 2023, la política económica del gobierno nacional dejó en claro una prioridad: lograr el equilibrio fiscal a cualquier costo. La llamada "motosierra" no fue una metáfora, sino un giro concreto y abrupto que impactó de lleno en uno de los motores históricos del desarrollo territorial: la obra pública.

Según datos del Ministerio de Economía y la Cámara Argentina de la Construcción, más de 2.300 proyectos en todo el país fueron paralizados. Solo 97 continúan activos. Y aunque el discurso presidencial insiste en que el Estado no debe hacer lo que puede hacer el mercado, las consecuencias de esa doctrina se sienten en cloacas sin terminar, gasoductos frenados, viviendas inconclusas y hospitales listos pero vacíos.

En este marco, los municipios -independientemente de su color político- se enfrentan al dilema de suplir con fondos propios lo que antes era financiado por Nación. Sin embargo, también se abre un campo de tensión institucional: ¿cómo gestionar lo que no se controla? ¿Cómo reclamar sin quedar atrapado en la lógica electoral? ¿Y cómo evitar que la discusión por derechos básicos se transforme en una pulseada partidaria?

El caso del partido de Escobar refleja, en escala local, esta disputa estructural entre lo fiscal y lo social, entre la retórica del ajuste y las necesidades concretas de los barrios.

Resumen

El gobierno nacional paralizó numerosas obras públicas en Escobar como parte de una estrategia de austeridad fiscal desde diciembre de 2023, suspendiendo proyectos avanzados en agua, salud, gas y vivienda. El municipio y el bloque de UP reclaman su reactivación, enfrentando al bloque de LLA que apoyó la decisión nacional. El cruce político mezcla gestión estructural, urgencias comunales y clima electoral. El desafío: equilibrar la necesidad de disciplina fiscal con el impacto real en la infraestructura y el bienestar local, evitando que el debate se convierta en puro show político.








 


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