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Hay debates que se presentan como técnicos,
administrativos o laborales, pero que en realidad esconden
preguntas mucho más profundas sobre la salud democrática
de un país.
La posible derogación del Estatuto
del Periodista Profesional (Ley 12.908) aparece hoy dentro
de una reforma laboral más amplia. Para algunos,
se trata apenas de eliminar un régimen especial
considerado antiguo o rígido. Para otros, es una
discusión sobre privilegios sectoriales.
Pero reducirla a eso sería un error
conceptual grave.
Porque el Estatuto del Periodista no nació
como un beneficio corporativo. Nació como una herramienta
de protección para garantizar algo mucho más
amplio: la libertad de expresión y el derecho de
la sociedad a estar informada.
Y cada vez que la historia argentina -y
mundial- tocó esa fibra sensible, el resultado
nunca fue positivo.
La lección histórica
que insistimos en olvidar
Cada época tuvo sus argumentos
para limitar, condicionar o domesticar la libertad de
expresión.
A veces se habló de orden. Otras
veces de eficiencia. Otras, de modernización.
Pero el patrón se repite.
Cuando el periodismo pierde autonomía,
la sociedad pierde capacidad de control sobre el poder.
No importa si ese poder
es político, económico o cultural.
Desde los años más oscuros
del país hasta períodos democráticos
donde la presión se ejerció de formas más
sutiles, siempre que el ejercicio periodístico
se debilitó -por censura directa o por precarización
indirecta- la calidad institucional retrocedió.
No es casualidad.
La libertad de expresión no se
destruye únicamente con prohibiciones explícitas.
También se erosiona cuando el periodista deja de
tener condiciones mínimas para ejercer con independencia.
No es una ley laboral
más
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
lo advirtió con claridad al Senado: eliminar el
Estatuto sin debate profundo sería un error histórico.
Y el argumento no es ideológico sino jurídico.
El principio de progresividad, reconocido
por la Corte Suprema, impide retroceder injustificadamente
en derechos fundamentales. La jurisprudencia ha sostenido
que el estatuto no constituye un privilegio sino una protección
acorde a la función social del periodismo.
La ley contiene disposiciones que exceden
lo laboral:
Acceso a fuentes de información,
garantías para el ejercicio
profesional, estabilidad necesaria
para evitar presiones indebidas.
No se trata de defender
un gremio.
Se trata de proteger una herramienta institucional
que garantiza que la información circule con independencia.
El error conceptual: confundir
igualdad con uniformidad
Uno de los argumentos más repetidos
es que el periodista debería ser un trabajador
más dentro del régimen general. Suena
razonable.
Pero ignora algo esencial: la igualdad
ante la ley no implica eliminar las particularidades de
cada actividad.
Existen estatutos específicos para
jueces, docentes, diplomáticos, científicos
o trabajadores de la salud porque sus funciones tienen
impacto social diferenciado.
El periodismo también. No
porque sea superior, sino porque cumple un rol estructural
en el sistema democrático.
Eliminar esa especificidad no genera igualdad:
genera fragilidad.
Libertad de expresión
también es condiciones materiales
Hay una idea romántica -y peligrosa-
que sostiene que la libertad de expresión es solo
un derecho abstracto.
Pero un periodista sin estabilidad mínima,
sin protección frente a presiones o sin respaldo
institucional suficiente puede terminar practicando autocensura
sin necesidad de que nadie lo obligue.
No quisiera abundar en autorreferencias
ni cansar con historias personales, pero muchos periodistas
sabemos -por experiencia directa- que cuando se reducen
condiciones o recursos, la reacción casi inevitable
es agregar oficios para sobrevivir. Se dispersa el tiempo,
se diluye la energía y, en muchos casos, se genera
una forma silenciosa de domesticación.
Y la autocensura es la forma más
invisible de censura.
La historia muestra que no hace falta
cerrar medios ni prohibir publicaciones para debilitar
el periodismo. A veces alcanza con precarizarlo.
Modernizar no es destruir
FOPEA plantea algo que debería
ser sentido común: el estatuto puede necesitar
actualización.
El periodismo cambió. La tecnología
cambió. Las dinámicas laborales cambiaron.
El contexto tecnológico cambió… y mucho.
Pero modernizar no significa vaciar.
Eliminar una norma por sus aspectos anacrónicos
equivale a demoler una casa porque necesita refacciones.
El vacío legal nunca fortaleció
derechos.
El verdadero debate
La pregunta que debería hacerse
el país no es si el estatuto es perfecto.
La pregunta es otra:
¿Queremos un periodismo protegido
por su función democrática o un periodismo
librado exclusivamente a las reglas del mercado laboral?
La respuesta no define solo el futuro
de una profesión. Define
la calidad de la conversación pública.
Cierre
La discusión sobre el Estatuto
del Periodista no trata, en el fondo, sobre periodistas.
Trata sobre qué lugar ocupa la palabra crítica
dentro de una sociedad.
La libertad de expresión no desaparece cuando se
prohíbe hablar; empieza a erosionarse cuando hablar
deja de ser viable. Las democracias no suelen caer de
golpe: se desgastan lentamente, debilitando las estructuras
que permiten observar y controlar al poder.
El riesgo real no es la desaparición de una ley,
sino naturalizar que la protección institucional
del periodismo resulte prescindible. Porque cuando el
ejercicio periodístico queda librado únicamente
al mercado o a la presión del poder, la libertad
deja de ser un derecho y pasa a ser una posibilidad condicionada.
El periodista no necesita solemnidades ni credenciales
simbólicas: necesita condiciones reales para ejercer
con independencia.
La historia enseña algo incómodo: casi
ninguna sociedad cree estar debilitando su democracia
mientras lo hace. Siempre hay razones técnicas,
urgencias económicas o promesas de modernización.
Pero las instituciones que sostienen la libertad suelen
parecer innecesarias… hasta que ya no están.
Tal vez la pregunta no sea qué
tan antiguo resulta el Estatuto del Periodista, sino qué
tan madura es una democracia que decide prescindir de
las herramientas creadas para proteger a quienes la observan.
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