| En tiempos donde el tejido social parece
desgarrarse con apenas un roce, las instituciones deberían
ser espacios de contención, no de conflicto. Pero
cuando quienes las administran olvidan que los recursos
del Estado -sobre todo los relacionados con la salud- no
son bienes propios sino públicos, y que su rol requiere
más mesura que impulso, las consecuencias pueden
ser graves. Ocurrió esta semana en el Hospital Provincial
Erill, donde el director ejecutivo terminó renunciando
tras un hecho de violencia inaceptable.
Según denuncian testigos y gremios,
el director ejecutivo Ariel Folchi agredió físicamente
al neurocirujano Neider Ortíz, quien le había
reclamado salarios adeudados. La discusión habría
escalado hasta que Folchi golpeó al profesional
en la cabeza, dejándolo inconsciente. Ortíz,
como cada martes, cumplía con una extenuante jornada
de 24 horas en la guardia.
El repudio fue inmediato. Los gremios
presentes (CICOP, FESPROSA y APHE) no solo exigieron la
renuncia del director, sino que también recordaron
que la gestión de Folchi estaba marcada por múltiples
denuncias de maltrato laboral y promesas incumplidas a
médicos contratados por fuera del plantel provincial.
No fue, parece, un episodio aislado, sino el punto final
de una gestión que acumulaba tensiones.
Folchi intentó defenderse: dijo
que fue Ortíz quien lo agredió primero,
y que solo se defendió. Incluso sugirió
que la caída del médico fue fingida. Sin
embargo, esa versión se debilita frente al historial
de denuncias previas que arrastraba. Y más aún,
en medio de una crisis que se agudiza con la renuncia
de seis profesionales clave de la guardia, incluidos dos
jefes, y que deja al hospital con al menos trece vacantes
en áreas sensibles.
La crisis tuvo eco político. El
intendente Ariel Sujarchuk solicitó al ministro
provincial de Salud, Nicolás Kreplak, la inmediata
remoción del director. El pedido fue aceptado y
Folchi fue desplazado. Su reemplazo ya fue designado:
el doctor Abel César del Mazo, de larga trayectoria
en el hospital y con antecedentes en la dirección
médica, asumió el cargo junto a un equipo
directivo integrado por José Luis Pérez,
David Graham y Haydée Graham.
El episodio es grave, no sólo por
el hecho puntual, sino por lo que refleja: la fragilidad
de un sistema que, en lugar de fortalecerse con conducción
clara y respeto profesional, se deshilacha entre internas,
precarización y desmanejos.
Y aunque la "verdad completa" de lo ocurrido
puede tener aristas, lo cierto es que la violencia nunca
puede ser relativizada. Menos aún en el ámbito
de la salud pública, donde el profesionalismo debería
ser norma, no excepción.
Porque la salud no admite improvisaciones,
y mucho menos agresiones.
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