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Hay quienes sostienen que el Estado debe
ser pequeño, intervenir poco y dejar que el mercado
-o la propia sociedad- resuelva sus problemas. Otros creemos
que el Estado tiene una función que no puede delegar:
estar presente, ser eficiente, actuar a tiempo y cuidar
a quienes cumplen las reglas.
Porque cuando hablamos de seguridad vial
no hablamos solamente de multas, licencias o expedientes
administrativos. Hablamos de personas.
La calle Boote no es una pista de carreras.
Es el acceso y la salida habitual de numerosos vecinos
de Loma Verde y un corredor indispensable para quienes
viven en San Sebastián. Por allí circulan
familias con sus hijos, transporte escolar, trabajadores,
ciclistas y vehículos de todo tipo. Y también,
por las características del lugar, es habitual
encontrarse con animales atravesando la calzada.
Por eso hay reductores de velocidad. Por
eso existen señales. Por eso la velocidad máxima
está establecida en 40 kilómetros por hora.
Y por eso cualquier persona con un mínimo de empatía
entiende que ese tramo exige atención y prudencia.
Bueno, casi cualquiera.
Según la actuación municipal,
un joven de 20 años circulaba por allí a
una velocidad que las imágenes difundidas estimaron
en 140 kilómetros por hora. Se filmaba mientras
manejaba, realizaba maniobras peligrosas y la camioneta
tenía la VTV vencida.
Terminó contra un poste.
Esta vez, sus ocupantes no sufrieron heridas
de gravedad. Podría haber sido distinto. Y ahí
es donde el episodio deja de ser solamente la historia
de un conductor imprudente.
Porque una sociedad no puede acostumbrarse
a enterarse de determinadas conductas recién cuando
terminan en un accidente.
Durante años, nuestro distrito
ha conocido episodios protagonizados por personas que
parecían creer que determinadas reglas podían
ser relativizadas según quién las incumpliera.
En algunos casos hubo consecuencias irreparables y también
hubo silencios, olvidos y demasiada tierra echada sobre
historias que merecían otra respuesta.
No se trata de establecer equivalencias
entre hechos diferentes. Se trata de reconocer una cultura
peligrosa: la idea de que siempre habrá una oportunidad
para mirar hacia otro lado.
Y mirar hacia otro lado también
es una forma de permisividad.
Mientras la enorme mayoría de la
sociedad trabaja, estudia, lleva a sus hijos a la escuela,
cumple horarios, paga impuestos, respeta semáforos,
reduce la velocidad y procura no poner en peligro al otro,
existe una minoría que parece haber confundido
libertad con ausencia de límites.
Y las redes sociales agregaron algo más: la necesidad
de mostrarlo.
Cinco minutos de fama pueden convertirse en una exposición
pública de la propia irresponsabilidad. Pero el
problema no termina allí.
La respuesta municipal llegó después del
accidente: acta, secuestro del vehículo e inhabilitación
preventiva. Es una respuesta que corresponde. La pregunta
periodística, sin embargo, es otra: ¿cuántas
veces tiene que ocurrir algo antes de que el Estado pueda
intervenir?
El Estado no está para perseguir a los ciudadanos.
Está para protegerlos. Y proteger también
significa controlar.
Controlar la velocidad. Controlar la documentación.
Controlar las condiciones en que circulan los vehículos.
Controlar aquellos lugares donde una conducta irresponsable
puede convertirse, en segundos, en una tragedia.
No alcanza con llegar después. Porque cuando hay
una víctima, ninguna multa, ninguna inhabilitación
y ningún expediente devuelve la vida.
Tal vez haya llegado el momento de abandonar
cierta tolerancia social hacia quienes convierten la vía
pública en territorio propio. La libertad individual
termina donde comienza el riesgo concreto para los demás.
Y una comunidad madura no debería esperar a que
alguien muera para descubrir que aquello que ayer parecía
una simple imprudencia era, en realidad, una amenaza.
La permisividad puede parecer
inofensiva mientras no ocurre nada. El problema es que
cuando ocurre, suele ser demasiado tarde. Ya lo vivimos.
Ya lo contamos… y duele recordarlo.
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