| En una votación unánime,
el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Escobar aprobó
la ordenanza impulsada por el intendente Ariel Sujarchuk
que establece la creación de la Policía Municipal
y la Guardia Urbana en el distrito. Este proyecto, trabajado
en plenario de comisiones ampliadas y con la participación
del propio jefe comunal, busca robustecer las políticas
de seguridad locales mediante nuevas fuerzas de prevención
y el uso de tecnologías avanzadas.
Uno de los puntos más destacados
es el énfasis en que la seguridad sea una "política
de Estado" y no un tema de divisiones partidarias.
Este enfoque plantea una visión inclusiva que busca
unir a diversos sectores políticos en torno a un
objetivo común. Sin embargo, el verdadero reto
será sostener este compromiso multipartidario a
largo plazo. La seguridad es un tema sensible, en el que
las diferencias políticas suelen emerger ante resultados
concretos o crisis. Además, dependerá del
apoyo legislativo para poder expandir el modelo de Policía
Municipal a nivel provincial.
La incorporación de tecnología
avanzada -domos con inteligencia artificial, comunicaciones
encriptadas y cámaras Bodycam- es un paso adelante
en la profesionalización de la seguridad local.
Estas herramientas permiten un monitoreo más preciso
y aumentan la capacidad de respuesta, optimizando los
recursos humanos y materiales. Sin embargo, su efectividad
dependerá también de la infraestructura
de datos, la capacitación continua y la supervisión
adecuada de su uso. Además, el uso de tecnología
avanzada debe balancearse con la garantía de privacidad
y transparencia, para evitar excesos en el control de
la ciudadanía.
La creación de una Policía
Municipal representa una transformación en el enfoque
de seguridad, con agentes dedicados exclusivamente al
distrito y centrados en tareas de proximidad y seguridad
vial. Este nuevo cuerpo responde a la necesidad de adaptarse
a los problemas locales, pero trae consigo interrogantes
en cuanto a su coordinación con la Policía
Bonaerense y otras fuerzas. Además, el uso de armas
no letales como las pistolas Byrna, aunque de perfil menos
agresivo, plantea preguntas sobre la capacitación
necesaria y el criterio para su uso en situaciones límite.
Será importante que el proyecto garantice una formación
adecuada en manejo de conflictos y protocolos de actuación.
La ampliación del parque de vehículos
y la modernización del Centro de Monitoreo son
mejoras significativas en la logística y movilidad
de la fuerza. Aumentar la cantidad y calidad de móviles,
dotándolos de tecnología de comunicación
avanzada, permite una mayor cobertura territorial y una
respuesta oportuna. Sin embargo, la sostenibilidad de
estos recursos -en términos de mantenimiento y
costos operativos a largo plazo- dependerá del
presupuesto y de su continuidad en las próximas
gestiones. También es fundamental evaluar el impacto
de estas inversiones en comparación con los indicadores
de seguridad, para verificar si efectivamente logran reducir
los delitos y mejorar la percepción de seguridad
de la población.
El reconocimiento público a agentes
de seguridad y personal de emergencias envía un
mensaje positivo, reforzando el compromiso de la administración
con sus trabajadores. Esta acción podría
mejorar la moral del personal y motivarlos a desempeñar
sus funciones con mayor compromiso y profesionalismo.
Además, la colaboración con la Justicia,
a través del suministro de herramientas y pruebas
digitales, puede contribuir a la eficiencia judicial,
aunque dependerá también de que estos recursos
se integren y aprovechen adecuadamente en los procesos
judiciales.
Por último, cualquier política
de seguridad debe alinearse con las expectativas y necesidades
de la comunidad a la que sirve. Para el ciudadano común,
la creación de una Policía Municipal y el
despliegue de tecnología avanzada podrían
generar un sentido de protección, pero también
cierta inquietud sobre el control y la privacidad. En
términos de percepción, será clave
que la comunidad vea resultados palpables en la reducción
de delitos y en una mejor calidad de vida.
Las voces del recinto
Con 22 ediles presentes, la aprobación
del proyecto salió sin contratiempos, aunque no
sin una discusión vigorosa entre los presentes,
quienes discutieron el tema con esfuerzo y en ocasiones
parecían perderse entre convicciones y necesidades.
Tal es el caso de la concejal Flavia Batistol,
que ocupa la cuota de DDHH en el recinto, quien -como
hija de un desaparecido en la última dictadura
militar- al momento de la defensa del proyecto argumentó:
"A mí, las fuerzas de seguridad me hacen ruido".
Claro que luego ponderó activamente la labor de
sus compañeros y las bondades del proyecto.
Cuando llegó el turno de la edil
Florencia Campo Dall Orto, se destacó una frase
interesante entre sus palabras: "Ganas de no apoyar
este proyecto no me faltan".
Varios concejales de la oposición
reconocieron el buen trabajo realizado, pero señalaron
ciertos artículos, en especial el 30, que "otorga
facultades a la fuerza creada para resistir el ataque
a la democracia". ¿A qué se refieren?
Diego Castagnaro (presidente del bloque
Cambia Escobar) solicitó la inclusión de
un mapa del delito en el proyecto. Los gobiernos de América
Latina están invirtiendo grandes sumas en nuevas
herramientas para mapear el crimen. Sistemas de mapeo
"hot spots" y modelos predictivos del crimen
están comenzando a surgir. Mapas de "crowdsourcing"
y de plataformas de medios sociales también se
generan desde grupos ciudadanos. Aunque las herramientas
de visualización de datos y las nuevas tecnologías
ofrecen soluciones importantes, no son en sí solas
una panacea. Aun así, una mayor comprensión
de las intervenciones disponibles y la evidencia de su
impacto resulta fundamental para optimizar los recursos.
En general, todos los ediles coincidieron
en destacar la predisposición de la secretaria de Seguridad
del municipio, Rocío Fernández, quien siempre estuvo dispuesta
a evacuar dudas y a colaborar en todo lo referente a la
confección del proyecto de ordenanza.
Conclusión
La iniciativa presentada por Sujarchuk parece ser un enfoque
audaz e integral hacia la seguridad en Escobar, apoyado
en tecnología avanzada y una reestructuración
de recursos. No obstante, el éxito de esta política
dependerá en gran medida de factores como la formación
de los nuevos agentes, la cooperación interinstitucional
y el apoyo continuo a nivel político y presupuestario.
En última instancia, la credibilidad del proyecto
se consolidará si logra mejorar la seguridad real
y percibida en el distrito, manteniendo siempre una comunicación
clara y transparente con los ciudadanos.
Como dijo la concejal Griselda Romariz
de Aristi: "En otra época, en otro tiempo,
en otras circunstancias, me hubiera opuesto".
El futuro de esta iniciativa
dependerá de la habilidad de los responsables municipales
para evaluar y ajustar el enfoque, garantizando que los
nuevos agentes no solo estén presentes en las calles,
sino que también cuenten con el respaldo y la protección
necesarios para realizar su labor de manera efectiva y
segura. Sin duda, es un proyecto pensado para un contexto
distinto a las experiencias que hasta ahora podemos evaluar,
sean estas negativas o positivas. No significa que no
haya mucho que ajustar, pero seguramente marcará
un camino hasta que surja algo superador.
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