| Estamos acostumbrados a convivir con la
inseguridad y el robo callejero. Pero, ¿qué
pasa cuando el robo se disfraza de legalidad? Cuando lo
que debería ser un sistema financiero de confianza
se convierte en un mecanismo perverso que habilita débitos
automáticos sin consentimiento, disfrazados de "aportes
solidarios" o "membresías" vinculadas
a cooperativas y sociedades de fachada -como Tertium SA
o la Cooperativa 18 de Mayo- .
Y no es el único frente: las suscripciones
no deseadas en telefonía e Internet son otro camino
para el mismo saqueo. Un clic en un banner, un SMS dudoso
o un servicio "gratuito" que se convierte en
pago recurrente bastan para que aparezcan cargos bancarios
jamás aceptados. Se estima que alrededor del 10
% de los consumidores europeos ha sido víctima
de suscripciones involuntarias, algunas durante meses
o incluso años, pagando por servicios fantasma
sin que las empresas asuman responsabilidad.
La estafa está en que nadie explica
nada. Los bancos lo permiten, las operadoras lo encubren,
el Estado mira hacia otro lado y el ciudadano queda a
la intemperie, obligado a peregrinar por ventanillas que
jamás se hacen cargo. Un sistema pensado para el
fraude, con el sello de lo "legal" como coartada.
Nos han acostumbrado al delito a mano
armada, pero lo que se gesta hoy es más grave:
el delito con recibo oficial, un saqueo institucionalizado
que erosiona la confianza y nos deja una pregunta que
duele: ¿quién nos cuida cuando es el propio
sistema el que nos roba?
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