En el Honorable Concejo Deliberante de Escobar, se llevó a cabo la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, en la que se aprobaron las Ordenanzas Fiscal y Tributaria correspondientes al ejercicio 2025. La sesión contó con la presencia de 19 mayores contribuyentes y 23 concejales.

Entre los aspectos destacados de las nuevas normativas, se encuentra la eliminación de 50 tasas que estaban en desuso, y el incremento de la inversión en áreas clave como seguridad, salud y educación dentro del municipio.

A su vez, en una Sesión Extraordinaria se aprobó el presupuesto de 2025, que superará los $216 mil millones, con un aumento del 140% respecto del que se aprobó para el año en curso. Cabe resaltar que dicho incremento supera ampliamente las alícuotas de las tasas, derechos y contribuciones de municipales.

En cuanto a las tasas, la Tasa por Servicios Generales experimentará un incremento del 15% en enero y un 5% adicional en marzo. Además, se creará una nueva Tasa por Servicios de Seguridad, que impactará en un 2% sobre la Tasa por Servicios Generales y un 4% sobre la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

La ley fiscal y tributaria fue aprobada por mayoría, con 37 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención. El oficialismo, con una sólida mayoría, logró aprobar los artículos sin mayores inconvenientes, incluyendo la controversial "Tasa vial", que no recibió más que algunas voces disidentes en el recinto.

Entre lo legal y lo inapropiado

La Asamblea dejó clara la diferencia entre lo que se aprueba como norma regulatoria y lo que, en realidad, podría considerarse justo o razonable.

Con solo unos pocos votos disonantes en el recinto, las voces críticas fueron rápidamente silenciadas por la contundente mayoría oficialista, que contó con el respaldo de gran parte de la oposición.

Esta aprobación, que ha sido modificada solo en aspectos menores desde 2022, parece seguir una ruta más centrada en las finanzas municipales que en el bienestar de los ciudadanos.

La cuestión no radica únicamente en si la ordenanza es legal, sino en si realmente responde a las necesidades de la comunidad o si, por el contrario, se ajusta más a una lógica fiscal que prioriza las arcas del municipio sobre las demandas de los vecinos.