Las denuncias de vecinos fueron el punto de partida. Los disturbios recurrentes en una vivienda de Ingeniero Maschwitz terminaron derivando en una inspección conjunta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Escobar que concluyó con la clausura de un centro de rehabilitación de adicciones que funcionaba de manera clandestina.

Según se informó oficialmente, el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente para desarrollar este tipo de actividades y llegó a albergar hasta 24 personas internadas. La situación resulta especialmente sensible porque la legislación vigente reserva los tratamientos con internación para instituciones específicamente autorizadas y bajo determinados estándares sanitarios y profesionales.

Durante el procedimiento, los inspectores detectaron además una serie de irregularidades vinculadas a las condiciones de funcionamiento del lugar. Entre ellas se encontraron alimentos vencidos y numerosas deficiencias relacionadas con la seguridad y la higiene, aspectos considerados esenciales en cualquier espacio destinado al cuidado de personas.

La intervención fue realizada por áreas provinciales y municipales, en un operativo que puso bajo observación no sólo la situación administrativa del establecimiento sino también las condiciones en las que eran asistidos sus residentes.

Fuentes municipales señalaron que toda la documentación reunida durante las actuaciones fue remitida a las áreas legales correspondientes para evaluar los pasos a seguir. Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de promover una denuncia penal contra los responsables del centro, en función de la gravedad de las irregularidades detectadas.

El caso vuelve a poner en discusión una problemática que suele desarrollarse lejos de la mirada pública: la proliferación de espacios que ofrecen tratamientos para personas con consumos problemáticos sin contar con las habilitaciones, controles y equipos profesionales exigidos por la normativa vigente.