| El intendente de Escobar,
Ariel Sujarchuk, acompañado por el diputado provincial
Leo Moreno, presentó una serie de proyectos vinculados
a Seguridad, Educación, Desarrollo Social y Defensa
del Consumidor que serán sometidos a consideración
en la Legislatura bonaerense, con el objetivo de que se
transformen en ley.
En el ámbito de la seguridad, se
destacó la propuesta para la creación de
una Policía Municipal equipada con armas no letales
y sistemas de inteligencia artificial, con el fin de mejorar
la prevención y detección de delitos. El
proyecto también contempla una inversión
de $16 mil millones destinada a la seguridad y prevención
ciudadana, que incluirá recursos digitales, teléfonos
geolocalizantes y cámaras corporales portátiles
(bodycam).
El proyecto de seguridad, que también
será elevado al Concejo Deliberante de Escobar
para su implementación local, apunta a una mayor
coordinación con las realidades específicas
de cada localidad, poniendo énfasis en la atención
de emergencias y la seguridad vial.
En el área de Educación,
el intendente presentó una iniciativa centrada
en el Programa Secundaria 4.0, diseñado para enfrentar
los desafíos de la revolución tecnológica
y digital. Este proyecto ofrece cursos especializados
gratuitos con el objetivo de facilitar la continuidad
académica de los estudiantes y su futura inserción
en el mercado laboral, tomando como referencia el programa
Programá Tu Futuro, ya implementado con éxito
en el municipio.
Respecto al Desarrollo Social, ante la
coyuntura económica, se propusieron medidas de
protección para Entidades de Bien Público
sin fines de lucro, asegurando su continuidad frente a
posibles desalojos o interrupciones de servicios esenciales.
El proyecto ofrece descuentos en tasas de trámites
y centraliza la información sobre beneficios disponibles
para estas organizaciones.
Finalmente, se presentaron dos propuestas
en materia de Defensa del Consumidor. El primero de los
proyectos busca ofrecer soluciones judiciales y administrativas
específicas para consumidores sobreendeudados,
además de establecer un mayor control estatal sobre
las entidades financieras para evitar abusos. El segundo
proyecto introduce modificaciones a la Ley 13.591 de Mediación,
permitiendo que los conflictos entre consumidores y empresas
puedan ser resueltos por entidades especializadas, con
el objetivo de mejorar la calidad de los procedimientos
de resolución.
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