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La discusión sobre la reelección indefinida
de intendentes, concejales y legisladores volvió
a instalarse en la agenda bonaerense. No es nueva, pero
reaparece cada vez que el calendario electoral empieza
a presionar sobre los equilibrios internos del poder.
Axel Kicillof decidió empujar el debate en 2026,
aun sin proyecto formal presentado, como una señal
política hacia adentro del peronismo y como una
herramienta de negociación hacia adelante.
La norma que hoy limita las reelecciones
consecutivas rige desde 2016, impulsada en su momento
en un contexto de fuerte rechazo social a los "barones
del conurbano" y al anclaje territorial prolongado.
Aquella ley fijó un límite de dos mandatos
consecutivos para cargos ejecutivos y legislativos locales.
El espíritu era claro: forzar el recambio, oxigenar
el sistema, evitar que el poder se convierta en propiedad
privada.
Diez años después, el
escenario es otro. Si la ley no se modifica, en 2027
el 80% de los intendentes bonaerenses no podrá
volver a presentarse. Son 82 jefes comunales de distintos
signos políticos: 53 del PJ, 17 radicales, cinco
libertarios, tres del macrismo y cuatro vecinalistas.
El dato desnuda una verdad incómoda: la restricción
no afecta a un solo espacio, sino a toda la estructura
política provincial.
Ahí aparece el primer nudo del
debate. Para muchos dirigentes, la reelección
indefinida no es una cuestión de convicciones
democráticas, sino de supervivencia dentro del
sistema. Permanecer en el cargo implica conservar poder,
influencia, redes y capacidad de negociación.
Perderlo significa, en muchos casos, desaparecer del
mapa político.
Kicillof lo sabe. También sabe
que él mismo no puede ser reelecto gobernador:
la Constitución provincial se lo impide. Su apuesta
es otra. Construir volumen político propio, sostener
una red de intendentes aliados y proyectarse como figura
nacional hacia 2027, en un peronismo que busca redefinir
liderazgos tras el retiro de Cristina Fernández
de Kirchner del centro de la escena.
En ese contexto, la reelección
indefinida funciona como moneda de cambio: ordena aliados,
disciplina internas y mantiene viva la estructura territorial
que hoy respalda al gobernador. No es casual que el
planteo surja desde el Movimiento Derecho al Futuro
(MDF) ni que Carlos "Carli" Bianco haya insistido
públicamente en que impedir la reelección
es "proscriptivo".
Pero el argumento choca con otra necesidad
igual de real: la del recambio dirigencial. La política
argentina, y especialmente la bonaerense, muestra dificultades
crónicas para renovar cuadros. Los mismos nombres,
los mismos apellidos y las mismas lógicas se
repiten elección tras elección. La reelección
indefinida, lejos de fortalecer la democracia, suele
consolidar estructuras cerradas y personalistas.
Incluso dentro del oficialismo hay resistencias.
La Cámpora no acompaña una iniciativa
que fortalece a los intendentes y, por extensión,
a Kicillof. El massismo mantiene una objeción
doctrinaria: fue quien impulsó originalmente
la limitación. Desde la oposición, la
Coalición Cívica rechaza de plano el planteo
y propone discutir el tema dentro de una reforma política
más amplia, que incluya boleta única y
reglas electorales claras.
En paralelo, hay excepciones que tensionan
el sentido mismo de la ley. Intendentes que asumieron
cargos legislativos antes de cumplir dos años
de su segundo mandato -como Mariano Cascallares, Mario
Ishii o Mayra Mendoza- podrían volver a competir
en 2027 sin necesidad de modificar la norma. Atajos
legales que refuerzan la percepción social de
que las reglas existen, pero siempre son negociables.
El interrogante de fondo va más
allá de la ingeniería legislativa. ¿Alcanza
el respaldo de los intendentes y la aritmética
interna para compensar el rechazo social a la reelección
indefinida? ¿Los números cierran cuando
la ciudadanía asocia este tipo de debates con
privilegios, autopreservación y desconexión
con los problemas cotidianos?
Kicillof parece apostar a ocupar el
vacío que dejó Cristina, apoyado en estructura,
gestión y territorio. Pero la experiencia reciente
muestra que el hartazgo social no se neutraliza solo
con aparato. La política puede ganar internas,
pero perder legitimidad.
La reelección indefinida vuelve
a poner sobre la mesa una tensión clásica
de la democracia: estabilidad versus renovación.
Permanencia versus alternancia.
Gobernabilidad versus aire nuevo. El problema no es
solo cuántos mandatos se permiten, sino qué
sistema se construye cuando el poder deja de rotar.
Y esa es una discusión que,
tarde o temprano, excede a Kicillof, al peronismo y
a 2027. Porque cuando el sistema se piensa solo para
quienes están dentro, el riesgo es que la gente
termine quedando definitivamente afuera.
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