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En un contexto de fuerte ajuste fiscal
y reconfiguración del esquema de ingresos públicos,
intendentes de distintas ciudades del país se reunieron
en Paraná en el marco del Consejo Federal de Intendentes
(COFEIN), donde expresaron su preocupación por
la caída de la coparticipación y el impacto
directo sobre las finanzas municipales.
El encuentro, que contó con la
participación de jefes comunales de diversos signos
políticos -entre ellos el intendente de Escobar,
Ariel Sujarchuk-, dejó como saldo un documento
conjunto en el que se advierte sobre una "asfixia
financiera crítica" en los territorios. Según
plantearon, la reducción de transferencias nacionales
se combina con un aumento sostenido de la demanda social,
lo que obliga a los municipios a cubrir funciones que,
sostienen, corresponden al Estado nacional.
Desde este espacio, los intendentes señalaron
que la administración central concentra la mayor
parte de la recaudación (alrededor del 75%), mientras
que los municipios apenas participan con un 3%, lo que
-afirman- genera un esquema desigual a la hora de afrontar
servicios esenciales como salud, transporte y asistencia
social.
En esa línea, también se
cuestionó la retención de fondos y la eliminación
de subsidios, especialmente en áreas sensibles
como el transporte público. Algunos datos expuestos
en la cumbre indican una caída superior al 10%
en la coparticipación en el inicio de 2026, en
paralelo con un escenario económico marcado por
la recesión y el aumento del desempleo.
Sin embargo, el planteo de los intendentes
encuentra respuesta en el Gobierno nacional, que viene
cuestionando con dureza el esquema de tasas municipales,
en particular la de Seguridad e Higiene. Desde el Ministerio
de Economía se sostiene que estos tributos impactan
en los precios finales y, en algunos casos, no tienen
una contraprestación clara, lo que abriría
el debate sobre la eficiencia y transparencia en el uso
de esos recursos.
Este cruce expone una tensión estructural
que no es nueva: mientras los municipios reclaman mayor
participación en la distribución de fondos,
la Nación apunta a revisar los mecanismos de recaudación
local y su incidencia en la economía real.
En el trasfondo, aparece una discusión
más amplia sobre el federalismo fiscal y el reparto
de responsabilidades. Los intendentes plantean que son
la primera línea de respuesta ante la crisis, pero
también queda planteado el interrogante sobre hasta
qué punto el esquema actual -tanto en ingresos
como en gastos- requiere una revisión integral
que incluya a todos los niveles del Estado.
El escenario, lejos de resolverse, parece
encaminarse hacia una profundización del debate,
con impactos concretos en la gestión cotidiana
y en la prestación de servicios a nivel local.
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