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Cada gobierno encuentra una bandera moral
para justificar nuevos controles. En teoría, la
Verificación Técnica Vehicular nació
para proteger vidas. La idea parece indiscutible: revisar
el estado mecánico de los vehículos para
reducir accidentes.
Sin embargo, en Argentina existe una vieja
costumbre: tomar una idea razonable y transformarla en
una caja de recaudación.
La discusión actual entre el gobierno
nacional y la provincia de Buenos Aires expone precisamente
eso. Mientras Nación busca abrir el sistema a talleres
habilitados y terminar con el esquema cerrado de concesiones,
la Provincia se niega a adherir argumentando razones de
seguridad vial.
Pero detrás de las declaraciones
aparece una pregunta elemental: ¿la VTV actual
está salvando vidas o está preservando un
negocio?
Después de años de verificaciones
obligatorias, los argentinos siguen transitando rutas
deterioradas, banquinas inexistentes, señalización
deficiente y autopistas con mantenimiento desigual. Los
conductores pagan combustibles cargados de impuestos,
peajes, patentes, seguros obligatorios y verificaciones
técnicas. Sin embargo, el estado general de gran
parte de la infraestructura vial continúa siendo
alarmante.
La paradoja es brutal
Se exige al ciudadano demostrar que su
vehículo está en condiciones mientras el
propio Estado circula sobre caminos que muchas veces no
lo están.
Si la VTV fuera la herramienta decisiva
que algunos funcionarios describen, las estadísticas
deberían mostrar una reducción contundente
de accidentes vinculados a fallas mecánicas. Sin
embargo, diversos estudios de seguridad vial realizados
durante años en distintos países coinciden
en que la principal causa de los siniestros graves suele
estar relacionada con errores humanos, exceso de velocidad,
distracciones, consumo de alcohol o condiciones del camino,
mientras que las fallas mecánicas representan una
proporción mucho menor.
Eso no significa que la revisión
técnica sea inútil.
Significa que se la presenta como una
solución mucho más poderosa de lo que realmente
es.
El problema se agrava cuando aparecen
sistemas cerrados de concesiones, cupos limitados de plantas
habilitadas y tarifas reguladas por estructuras políticas.
Allí la prevención deja de ser el centro
de la discusión y comienza a aparecer la sospecha
de que el verdadero objetivo es preservar una fuente permanente
de ingresos.
Los argentinos conocen bien este mecanismo.
Ocurrió durante décadas
con los registros del automotor. Ocurrió con numerosos
organismos creados para simplificar trámites que
terminaron multiplicando costos. Y ocurre cada vez que
una función estatal se vuelve indispensable para
el ciudadano pero rentable para quien la administra.
Por eso el debate no debería ser
"VTV sí o VTV no".
La discusión real es otra.
¿Quién controla a quienes
controlan?
¿Dónde termina el interés
público y dónde comienza el negocio privado
protegido por el Estado?
Porque si la prioridad fuera exclusivamente
la seguridad vial, el país estaría discutiendo
simultáneamente el estado de las rutas, la educación
vial, la señalización, la iluminación,
el control del alcohol al volante y la modernización
del parque automotor.
Sin embargo, el foco parece estar puesto
en quién cobra la oblea.
Y cuando una discusión técnica
termina reducida a una pelea por quién administra
la caja, es legítimo sospechar que la seguridad
vial dejó hace tiempo de ser la verdadera protagonista.
Al final, la VTV corre el riesgo de convertirse
en un símbolo muy argentino: una medida nacida
con una finalidad noble que terminó atrapada entre
la burocracia, la política y los intereses económicos.
Y cuando eso sucede, el ciudadano deja de verla como una
protección y comienza a verla como otro peaje más
en el largo camino de sostener un Estado que siempre encuentra
nuevas formas de cobrar, pero pocas de devolver.
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